Los concejales comenzaron a tratar ayer el pedido de aumento del boleto que pidieron los empresarios del transporte. El primer escollo de los ediles es el plazo: el periodo de sesiones ordinarias vence el 30 de noviembre, es decir que quedan 11 días hábiles para convocar a una sesión ordinaria. Si no se trata la suba en este tiempo, el ajuste de tarifa deberá aguardar hasta marzo -cuando se reinicia el período de sesiones- a menos que el intendente convoque a una sesión extraordinaria.
Fernando Juri, presidente del Concejo Deliberante, detalló que aguardarán a que la Municipalidad responda un pedido de informes con su análisis del pedido de suba de los empresarios. El lunes, la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) presentó un pedido de suba para llevar el boleto desde los $ 24 actuales a $ 42,32.
“Le pedimos al Ejecutivo municipal que hagan un estudio de costos para determinar la posibilidad de un aumento tarifario o no en el Concejo. Estará sujeto al estudio de costos y al análisis político del cuerpo”, comentó a la prensa el peronista. “Hay voluntad en el cuerpo para tratar de solucionar cuanto antes la problemática que se está planteando, y que afecta de manera directa a los ciudadanos. Pretendemos dar una rápida solución. Queremos saber si con un incremento tarifario, que no está especificado el monto, se soluciona o no definitivamente la problemática”, agregó Juri, quien distinguió el debate por la suba de tarifa del conflicto entre las empresas y el gremio por los despidos en el sector.
El pedido de Aetat fue tratado ayer en una sesión extraordinaria de la comisión de Transporte, que se había conformado oficialmente el martes. La oposición a la Intendencia tiene mayoría en este grupo, conformado por los peronistas José Luis Coronel, Ernesto Nagle, Alejandro Figueroa, la bussista María Belén Espinosa y por el aliado a la intendencia Rodolfo “Johny” Ávila.
La solicitud de ajuste de tarifa de los empresarios se produce en pleno conflicto por los despidos en el sector: en octubre, las empresas de transporte público despidieron a 150 trabajadores, argumentando que la quita de subsidios al combustible, la reducción de fondos para compensar la brecha entre la tarifa técnica y la real y la devaluación los obligaba a reducir frecuencias y, por lo tanto, a reducir el personal. La Unión de Tranviarios Automotor (UTA) acudió a la Secretaría de Trabajo, que dictó una conciliación obligatoria que ya venció. Las partes acordaron unas semanas más de diálogo buscando soluciones, una suerte de conciliación voluntaria, con vencimiento la semana que viene. El debate de fondo es por el déficit: los empresarios sostienen que cargan con un rojo mensual de $ 185 millones.
El final del período de sesiones ordinarias signará el debate por el pedido de ajuste: el artículo 23 del reglamento interno establece que las sesiones ordinarias pueden citarse entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre. Como quedan 11 días hábiles, los concejales deberán convocar a una sesión para prolongar el período de sesiones o bien esperar hasta marzo. Durante el receso, sólo se puede sesionar con llamados extraordinarios, a pedido del intendente Germán Alfaro.
Postura oficial
“En forma urgente firmamos el expediente con el pedido de suba con un pedido de informe de costo a la Municipalidad. Queremos estudiar la lectura del municipio sobre el pedido de los empresarios. La verdad es que el monto implica una suba de un 75% respecto al precio actual. Seguramente (el aumento) no va a ser así, es muy alto, pero vamos a reunirnos con ellos (por los empresarios) para buscar un equilibrio”, explicó Coronel, presidente de la comisión de Transporte. El concejal, al igual que Juri, separó el pedido de suba de boleto con los 150 despidos: “nosotros tenemos que dejar en claro que estamos tratando pura y exclusivamente el aumento del boleto. El conflicto por los despidos entre UTA y Aetat no tiene nada que ver con nosotros”.